"La educación inclusiva, la accesibilidad de las personas con discapacidad y el planeamiento urbano en materia de transporte público son los ejes de nuestro primer año de gestión", resaltó María José Lubertino, titular del organismo.
En un plenario realizado en la sede de la Secretaria de Derechos Humanos, la funcionaria y representantes de distintas ciudades del país presentaron un informe sobre cómo se está aplicando en Argentina la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que tiene rango constitucional en Argentina.
"No se ha implementado el certificado único de discapacidad en la totalidad de las jurisdicciones nacionales, al punto que la propia capital de la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no lo ha implementado en su territorio", se destacó en el material.
El balance incluyó además "el enorme esfuerzo del Estado Nacional en lo relativo al acceso a las pensiones por discapacidad" detallando que para este año que termina "la meta fue de 1.128.041 beneficiarios de pensiones no contributivas y para el año 2015 el nuevo presupuesto prevé un total de 1.184.270 beneficiarios, con un incremento de 56.000 personas".
"Pero la realidad actual es que se han superado esas previsiones y las pensiones no contributivas han superado la cifra de 1.300.000 personas", resaltó el trabajo elaborado por el Observatorio.
En cuanto al aspecto sanitario se valoró que Argentina "tiene programas integrales de salud orientados a las personas con discapacidad, que según el censo nacional de 2010 alcanzaban al 70 por ciento de las mismas".
Otro de los puntos salientes fue el reconocimiento "al Estado Nacional que ha realizado importantísimos avances para la implementación concreta de la accesibilidad electoral".
El documento revisa distintas recomendaciones realizadas por ONU para efectivizar los derechos contemplados en la Convención haciendo sugerencias para optimizar, por ejemplo, la inclusión educativa de niñas y niños con discapacidad.
En ese sentido, el Observatorio recomendó "morigerar el efecto de la prevalencia de barreras de todo tipo que impiden que las personas con discapacidad accedan al sistema educativo en condiciones de igualdad y no discriminación con el resto de estudiantes es un desafío que debe considerar las diferentes realidades provinciales".
En otro orden, el estudio reveló que las entidades privadas "presentan fuertes resistencias de raíces culturales y económicas que obstruyen los avances en materia de la accesibilidad de las personas con discapacidad".
Al respecto el organismo nacional sumó "una actitud permisiva del estado, en particular del estado en el nivel municipal, ya que sería competencia del municipio el ejercicio del referido contralor".
Entre los pendientes, el relevamiento incluyó la "falta de políticas y programas" sobre las personas con discapacidad pertenecientes a pueblos indígenas y a las personas sordociegas y de "una estrategia específica" dirigida a las mujeres y las niñas de este colectivo que son víctimas de violencias de género.
Luego del informe, el Observatorio premió a periodistas que trabajan en la difusión de los derechos de las personas con discapacidad y en la no discriminación "desde una perspectiva inclusiva”, resaltó Lubertino.
Los reconocimientos fueron para las periodistas Roxana Barone, Sonia Santoro, Mariana Carbajal, Verónica González Bonet, Julieta Mortati, Cristina Bracco, Verónica Cher, Valeria Álvarez Cachés, Maria Ines del Valle Mamani, Florencia Halfon-Laskan, Paola Avena y Karina Viamonte.
También fueron premiados los periodistas Marcos Folgar, Marcelo Franco y el equipo del programa Desde la vida de la TV Pública que conducen Fena Della Maggiora y Ana Paula Vitelli.
Fuente: Telam
