El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente, elaboró un informe donde pone al descubierto la falta de protección de las escuelas rurales respecto a los tóxicos generados por los fumigadores utilizados para la labor del campo.
A su vez, el CELMA solicitó al Gobierno de Scioli que “adopte con carácter urgente medidas de control sanitario, protección, seguridad y prevención en los terrenos lindantes como así también el consumo de agua potable para los alumnos y docentes en este tipo de establecimientos.
En la Provincia de Buenos Aires, existen 3244 escuelas rurales, ubicadas a centímetros de los predios agrarios y biotecnológicos, lo cual pone en riesgo a niños y adolescentes que asisten, como así también al personal docente que, involuntariamente, puede resultar expuesto a agrotóxicos y consumo de agua en mal estado.
La organización presentó documentos de relevamiento a la Provincia para modificar el régimen jurídico sobre los agrotóxicos, que no establece protección sobre escuelas rurales. La única restricción que aplica es una zona de resguardo de 2 kilómetros de los centros poblados para las aplicaciones aéreas del veneno.
En ese sentido, el CELMA presentó un pedido para que se haga extensiva la restricción que rige en las ciudades a las escuelas rurales, la creación de cortinas forestales inteligentes en los perímetros de todos los establecimientos educativos rurales para mitigar y neutralizar toda posible deriva de agrotóxicos, un relevamiento sanitario de todos los establecimientos educativos rurales, un relevamiento ambiental y un análisis sobre el agua utilizada para el consumo.
En uno de los relevamientos, el Coordinador Temático de Medio ambiente del Municipio de Coronel Suarez, Emanuel Garrido, pudo comprobar la presencia de glifosato en atmósfera, como así también en aguas de lluvia que luego van a las napas para ser consumidas en los establecimientos.
Fuente: Info Gei
